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Judicial

¿A qué se dedica Covington & Burling? Firma involucrada en escándalo de Ecopetrol

Covington & Burling LLP es una sociedad de responsabilidad limitada de abogados con sede en Washington, D.C.

30 de mayo de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co

Oficinas de Covington & Burling
Reuters
Canal de noticias de Asuntos Legales

La firma Covington & Burling LLP resonó en la última semana luego de conocerse que Ecopetrol suscribió un otrosí para determinar los alcances en Estados Unidos de las investigaciones en curso sobre el presidente de la compañía estatal, Ricardo Roa.

¿A qué se dedica realmente esta firma? Covington & Burling LLP es una sociedad de responsabilidad limitada de abogados con sede en Washington, D.C. Fue fundada el 1 de enero de 1919 por J. Harry Covington y Edward B. Burling. Mantiene más de 10 oficinas en América, Europa, Asia y Oriente Medio, entre ellas Nueva York, Londres, Bruselas, Beijing y Dubái, y ofrece servicios en transacciones, litigios, regulación y asuntos de política pública.

La firma representa a instituciones financieras, empresas de tecnología y gobiernos ante organismos regulatorios. Se involucra en evaluaciones de riesgo, revisiones de cumplimiento del Foreign Corrupt Practices Act, Fcpa, y litiga en casos complejos ante tribunales federales y agencias como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC.

El 29 de agosto de 2024, la junta directiva de Ecopetrol firmó un contrato con Covington & Burling por US$875.000 para asesorar en políticas y procesos relacionados con las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, en febrero de 2025, se firmó un otrosí que aumentó el monto a US$5,8 millones, y esto se hizo sin la autorización del Comité de Auditoría ni del pleno de la junta. El contrato abarcaba la recolección y análisis de comunicaciones internas de los funcionarios de Ecopetrol, la evaluación del impacto reputacional de las indagaciones disciplinarias y la valoración de riesgos ante la SEC, en el contexto de investigaciones sobre posibles vínculos de la empresa con el financiamiento de campañas políticas.

Algunos informes han apodado este encargo como “Operación Casita”. Dado que no hubo una consulta formal para el otrosí, en febrero de 2025, la junta directiva decidió suspender las labores de Covington & Burling y ordenó una auditoría interna junto con una investigación administrativa para verificar la legalidad de la firma del documento y el uso de recursos públicos.

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para determinar si hubo suplantación de autoridad o violaciones al régimen disciplinario de los servidores públicos debido a la ampliación del contrato sin la aprobación de la junta directiva.

El 30 de mayo de 2025, Mónica de Greiff presentó su renuncia irrevocable a la junta directiva de Ecopetrol, argumentando que no se había consultado sobre el otrosí con Covington & Burling. La presidencia de la junta, liderada por Guillermo García Realpe, anunció que las decisiones futuras dependerán de los resultados de la auditoría y de las investigaciones de los órganos de control.

La continuidad de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol está en vilo por el escándalo. Miembros de la junta han cuestionado el rol de la Dirección de Cumplimiento, liderada por Alberto Vergara, en la gestión y firma del otrosí, responsabilidad que recae directamente en esa dependencia.

Otras polémicas de Covington & Burling

En septiembre de 2024, Steven Nerayoff presentó una demanda contra la firma en Nueva York por la impresionante suma de US$100 millones. Asegura que sus abogados le aconsejaron no entregar pruebas cruciales a la fiscalía durante su juicio, lo que, según él, habría retrasado la presentación de los cargos en su contra.

En febrero de 2025, el presidente Donald Trump decidió retirar las credenciales de seguridad de varios abogados de Covington & Burling que estaban trabajando pro bono para el fiscal especial Jack Smith. Organizaciones de defensa penal criticaron esta acción, considerándola una represalia política y un ataque a la independencia profesional.

En marzo de 2025, un funcionario republicano del Senado envió un memorando con el fin de desalentar la contratación de firmas “anti-MAGA” como Covington & Burling. Críticos señalaron que el objetivo era ejercer presión política sobre las empresas para que no los contrataran.

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