La fiscal Luz Camargo se defendió ante la orden de captura emitida por Guatemala

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, respondió a la orden de captura emitida por la justicia guatemalteca, calificándola como carente de sustento legal. Camargo, quien dirigió el Departamento de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, entre 2014 y 2017, señaló que esta acción forma parte de una serie de represalias contra funcionarios que han trabajado en la lucha contra la corrupción.

La Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ordenó la captura de Camargo y del exministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, acusándolos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Rafael Curruchiche, fiscal guatemalteco sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción, anunció que se solicitó una alerta a Interpol para su detención.

Camargo afirmó que no existe una orden de captura internacional en su contra y que, según el acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que estableció la Cicig, los funcionarios extranjeros que formaron parte de la comisión gozan de inmunidad.

La fiscal también explicó que las actuaciones que se le cuestionan, como intercambiar correos o asistir a reuniones en las que se discutían los términos de colaboración eficaz con directivos de Odebrecht, fueron parte de un proceso legal que resultó en la entrega de información sobre los receptores de sobornos y en el compromiso de la multinacional de reconocer al Estado de Guatemala una indemnización de US$16,5 millones.

El Gobierno colombiano, a través de la canciller Laura Sarabia, expresó su rechazo a la orden de captura, considerándola sin sustento jurídico y un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional.

La Cicig, respaldada por la ONU, fue establecida para apoyar al Ministerio Público y otras instituciones guatemaltecas en la investigación de delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la comisión, lo que llevó a su disolución.