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Judicial

Guatemala buscará la extradición de Iván Velázquez y la fiscal Luz Adriana Camargo

La medida fue solicitada por el Ministerio Público de Guatemala en el marco del caso denominado “Acuerdos Fraudulentos”

03 de junio de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co

Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez
Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ordenó el lunes 2 de junio la captura de Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia, y de Luz Adriana Camargo, fiscal general. Ambos fueron integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Ella (Luz Adriana Camargo) tendrá inmunidad en Colombia, pero no en Guatemala. Vamos a solicitar el trámite formal de extradición a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, agotaremos ese procedimiento y también emitiremos alerta a Interpol”, afirmó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala

La medida fue solicitada por el Ministerio Público de Guatemala en el marco del caso denominado “Acuerdos Fraudulentos”. Según las autoridades judiciales de ese país, la acusación se relaciona con presuntas irregularidades cometidas durante la participación de los señalados en dicha comisión, que operó en Guatemala bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.

"Es improbable que sean extraditados. El escenario diplomático está mostrando la no voluntad del Estado colombiano para otorgarla. De esto también ya podemos ver lo que ha dicho la Interpol e inclusive el mismo gobierno de Guatemala", dijo Juan Pablo Coy, asociado de Esguerra JHR.

El fiscal especial contra la impunidad, José Rafael Curruchiche, explicó que las órdenes de detención también cobijan a otros exfuncionarios y abogados que colaboraron con la Cicig. Según la Fiscalía, Velásquez y Camargo estarían involucrados en la aprobación de acuerdos de cooperación con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht en 2017, cuando Velásquez dirigía la comisión.

La acusación establece que estas acciones habrían permitido beneficios a empresarios vinculados a Odebrecht, lo cual, según los fiscales, generó pérdidas superiores a los 3.000 millones de quetzales (US$390,9 millones) para el Estado guatemalteco. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión. La Fiscalía solicitó la activación de una notificación roja de Interpol para proceder con la captura internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó esta orden judicial mediante un comunicado oficial. En el texto, Colombia señaló que la decisión carece de sustento jurídico y representa una desviación de los estándares del derecho internacional. El gobierno colombiano agregó que la utilización de mecanismos de cooperación judicial debe basarse en pruebas y procedimientos transparentes, condiciones que, según el comunicado, no se cumplen en este caso.

El Ejecutivo colombiano también anunció que activó los canales diplomáticos correspondientes para expresar su postura ante las autoridades guatemaltecas. De igual forma, señaló que este tipo de decisiones no pueden interpretarse como un uso legítimo de la justicia, y que podrían representar una instrumentalización de los mecanismos internacionales en contra de principios legales.

El gobierno de Guatemala, por su parte, expresó su desacuerdo con la solicitud judicial emitida por la Sala de Apelaciones. La administración del presidente Bernardo Arévalo manifestó que la orden no se ajusta al marco jurídico nacional ni internacional, y que vulnera el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la Cicig.

Iván Velásquez, quien actualmente es embajador designado de Colombia ante la Santa Sede, se pronunció en su cuenta de la red social X. Allí afirmó que tanto él como Camargo son objeto de una persecución por parte de la Fiscalía guatemalteca.

La Cicig operó en Guatemala entre 2007 y 2019 con el objetivo de apoyar al sistema de justicia en la investigación de redes ilícitas dentro del Estado. Iván Velásquez lideró la comisión entre 2013 y 2017, periodo durante el cual se presentaron múltiples investigaciones sobre estructuras estatales.

En 2017, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró a Velásquez persona non grata y ordenó su salida del país. Desde entonces, se han presentado distintas controversias relacionadas con el trabajo realizado por la comisión.

Velázquez y Camargo tienen inmunidad debido a que hicieron parte de una misión de la ONU. Así lo explicó el abogado Juan Pablo Coy: "La inmunidad se extiende, es decir, se sigue concediendo después de haber dejado de prestar servicios a la CICIG. Esta inmunidad entonces, pues parece ser permanente siempre y cuando se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones".

Reacciones de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció acerca de la problematica con Guatemala y dijo: "Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos".

Además, "invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional".

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